Moral y Ley


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Aparte del drama existencial que recientemente viven Maha Abdel Rahim y su hijo Kamal, de la angustia y el dolor que seguramente padecen todos los miembros de esa familia, y sobre el cual cada uno de nosotros puede sin mucha dificultad identificarse a un nivel afectivo con alguna de las partes, el caso judicial vuelve a traer a la discusión pública la accidentada y espinosa relación entre la legalidad y la moralidad. Antígona vive.

Cuántas veces hemos escuchado, en diversos contextos y controversias, que algo “será legal, pero no moral”, suponiendo que los términos son excluyentes entre si, y que de alguna manera la ley queda herida al no estar informada por la moral. La relación entre la legalidad y la moralidad es una fraguada de malos entendidos, ambigüedades, prejuicios e intereses encontrados, la cual arroja más confusión que claridad.

El juicio moral supone la libertad, supone la muy humana facultad de escoger entre diversas alternativas de conducta en atención a nuestra noción del bien. Con razón entendía Hannah Arendt que el juicio moral es la nota distintiva de nuestra humanidad. Hay que distinguir, no obstante, entre el juicio moral y los principios morales. El primero es una actividad racional, de discernimiento. El segundo, en cambio, son postulados que responden a una valoración, individual y social, que inciden y pretenden tutelar nuestros juicios. En fin, el ser humano es un animal normativo. Desde los niños en el campo de juego hasta los Diez Mandamientos, el ser humano tiene una intensa (y a menudo malsana) proclividad de normar su conducta.

Sobre todo, los principios morales son normas que nacen de las controversias y choques entre los seres humanos en sociedad, con miras a resolverlas y evitar el ejercicio de la fuerza que late a flor de piel en ellas. Optimamente, el cumplimiento con algún principio moral implica la aceptación a priori por la persona con el valor que encarna dicho precepto, y su cumplimiento a su vez lo valida. Es en este contexto que debemos entender los procesos religiosos y políticos de la contrición: ambos reafirman la legitimidad de los que reclaman la autoridad para custodiar los principios morales. Tan sólo hay que pensar en lo los eventos recientes de censura pública por auto designados defensores del “political correctness” que han desfilado en los medios noticiosos.

Cada vez que se reclama un principio moral y se pretende imponer a través de los procesos difusos de formación social tales como la familia, los grupos religiosos y cívicos, entre otros, incidimos en el ejercicio de ese juicio moral en atención a un percibido – y en ocasiones controversial - bien superior. Parte de la dificultad que tenemos hoy día en articular siquiera la idea de un bien común responde a la fragmentación y disgregación social que caracteriza a la modernidad y la cual apunta en parte al colapso de principios morales que ya no responden a los reclamos del juicio moral de muchos. No debemos ignorar o minimizar, sin embargo, el hecho de que la articulación de cualquier principio moral (y legal) supone una disminución de nuestra libertad de obrar.

Toda norma jurídica, no importa su rango en la jerarquía del ordenamiento, supone en sus intersticios una valoración moral, aún cuando no lo aparenta en una primera lectura. La terrible necesidad de la ley, de la norma jurídica, esta predicada en la justificada creencia de que si dejamos en manos de las personas el ejercicio exclusivo de su juicio moral, inevitablemente va a haber conflictos con otros que opondrán a su vez sus juicios morales.

Hay instancias en que personas y grupos sociales estiman que la norma jurídica misma es la fuente de la discordia y de la injusticia (tal y cual ellos la entienden), y que en tales casos es moralmente necesario desafiar a la legalidad. Tal desafío esta predicado en que el juicio moral está por encima de la legalidad. Hay que reconocer que en instancias tal desafío está justificado. No obstante, en los últimos tiempos hemos visto como esta práctica de invocar el juicio moral frente a la legalidad ha sido utilizado indiscriminadamente. No podemos pasar por alto, sin embargo, que esta generalización del uso y recurso desenfrenado al juicio moral para desafiar a la legalidad socava inter alia otro principio moral de fundamental importancia para la vida en sociedad y que debe informar nuestros juicios: nadie está por encima de la ley.

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