Desideratum tributario


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En la discusión pública que se ha desatado sobre la ampliación del impuesto sobre las ventas (IVU) y otras medidas impositivas de recaudo, ha quedado en un segundo plano una reflexión sostenida y necesaria sobre la finalidad de dichas medidas que vaya más allá de las consignas inmediatas. Los partidarios de la imposición de dichas medidas arguyen su necesidad a partir de la manifiesta crisis en las finanzas públicas. Los opositores arguyen de las consecuencias inflacionarias sobre una economía en contracción. Queda sin discutir, sin embargo, el fin general de dichas medidas y porqué diversos sectores sociales – a juicio de otros sectores, por supuesto – deben aportar al erario público en estos tiempos de cólera.

En primera instancia, hay que subrayar el propósito fundamental de todo impuesto, desde el Deutoronomio, pasando por el quinto real, hasta nuestro Código de Rentas Internas: la distribución y apropiación de riquezas. Todo sistema tributario, desde los más rapaces hasta los menos interventores, están predicados en la noción de obtener recursos económicos para concentrarlos en manos del Estado y gastarlos en atención a sus percibidas necesidades. En nuestra imperfecta democracia, las diferencias entre los partidos políticos pueden entenderse en cómo pretenden allegar esos recursos económicos de los diversos sectores que conforman la sociedad y cómo dan prioridad a satisfacer esas mismas percibidas necesidades. En este contexto hay que tener presente que en la medida que el Estado y sus procesos políticos han sido secuestrados por una clase política sin visión de futuro, no hay mucha esperanza de que puedan ejercer la prudencia fiscal necesaria para armonizar los intereses del Estado con los múltiples y frecuentemente contradictorios intereses de sus ciudadanos.

Llamemos a las cosas por su nombre: en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico los impuestos – o si prefieren el eufemismo “contribuciones” - tiene como singular propósito sufragar al Estado benefactor y paternalista, para pagar su abultada nómina y contratos por servicios de sus clientes políticos, para sostener el gigantismo y la ineficiencia gubernamental, todo ello con miras a mitigar las diferencias entre las clases sociales, a la vez que se protege a una elite económico-política que recibe un trato preferencial. Hace ya unas décadas que el modelo del Nuevo Trato dejó de ser nuevo. Hoy el Estado es el problema, y la polarización de las clases sociales se hace más evidente cada día, como tragedia y como farsa.

La crisis de la deuda pública y las corporaciones públicas, la crisis energética, la crisis del Retiro, la contracción económica y la fuga del capital, el éxodo demográfico de la clase económicamente productiva, la continua alza en la criminalidad, la desconfianza generalizada en los procesos judiciales, y el manifiesto pesimismo que corroe la confianza necesaria para salir de este atolladero, todos son indicios de un Estado deslegitimado por sus propios actos. La invocación publicitaria y populista hecha por algunos políticos a un proyecto de país, a un imaginado contrato social, mientras le pasan la factura a sus sectores productivos, cae como una broma de muy mal gusto.

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