El retiro de los jueces en tiempos de cólera


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La reciente legislación reformando de manera retroactiva el sistema de retiro de la judicatura pone de manifiesto – una vez más – la difícil y accidentada relación entre el Derecho y la Política.

Los proponentes de la reforma del sistema de retiro de la judicatura arguyen que es necesario atender el problema ahora para salvarlo de la insolvencia que se avecina. El ciudadano ordinario no tiene forma de aquilatar la verdad o falsedad de esta alegación. Al final del día uno está limitado a creerle o no al gobierno. De mi parte, las actuaciones contradictorias, incoherentes e improvisadas del gobierno en los últimos meses no invitan a la confianza. Inclusive, el hecho de que dicha reforma haya ido unida en tiempo a la polémica reforma del sistema de retiro de los maestros sugiere un cálculo político, más que actuarial, de parte del Gobernador.

El argumento más persuasivo a favor de la reforma del sistema es, a mi juicio, que si en efecto es necesario hacer una reforma de todos los sistemas de retiro del gobierno para atajar la crisis económica a la cual nos enfrentamos, entonces hay que incluir el sistema de la judicatura como cuestión de equidad. Claro, esto levanta la interrogante de por qué no se incluyeron todos los sistemas de retiro de una vez en marzo del 2013, o porque no se incluyó ahora el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Supongo que estrategias de naturaleza política informan estas decisiones. Dejo a un lado la opinión de algunos a los efectos de que el sistema de retiro de la judicatura es proporcionalmente tan pequeño que no tiene un efecto notable sobre la crisis financiera del Estado, planteamiento que bien pudiera ser decisivo en el proceso judicial en la medida en que socava su justificación legal.

Los opositores a la reforma, a su vez, levantan como impedimento los preceptos constitucionales del Art. V, sección 10 y el Art. VI, sección 11, a los fines de que el sistema de retiro de la judicatura tiene rango constitucional, y que sus salarios y emolumentos no pueden ser disminuidos durante el término para el cual fueron nombrados.

A estos planteamientos constitucionales, se defiende el gobierno arguyendo que la Constitución del Estado Libre Asociado lo que prohíbe es disminuir el salario y emolumentos, y que las pensiones de retiro no son ni una ni la otra, razón por la cual no hay impedimento en modificarlas. En este contexto, el argumento adelantado por el Hon. Juez German Brau en su demanda de sentencia declaratoria e injunction contra el E.L.A. alegando que el incremento en la aportación de los jueces al sistema de retiro contemplado en la legislación implica forzosamente una disminución de su salario, lo cual viola El Art. VI, sección 11 de la Constitución, no se puede descartar ligeramente.

Desde un lente estrictamente jurídico, hay que tener claro que ningún precepto constitucional es absoluto, y que el alcance que se le pueda dar a sus diversas cláusulas en los diferentes casos y controversias, está siempre sujeta al ejercicio de la revisión judicial. En este sentido, qué significa y cúal es el alcance constitucional de sus preceptos, es un ejercicio de prudencia e interpretación judicial.

Los casos recientes de la Ley 7 sobre el despido de empleados públicos y la Ley 3 sobre la reforma del retiro de empleados públicos, son ejemplos recientes en donde el Tribunal Supremo ha avalado la constitucionalidad de ambas leyes, reconociendo la facultad del Estado de menoscabar derechos contractuales y derechos propietarios de los empleados públicos en situaciones de emergencia fiscal. Como cuestión de historia jurisprudencial, desde la época del Nuevo Trato en los 1930, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de de Puerto Rico han sido en extremo deferentes con el ejercicio del poder de las otras dos ramas de gobierno en el orden económico. La opinión reciente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Obamacare es un ejemplo reciente de esta deferencia. El criterio jurídico para avalar la constitucionalidad de una legislación que incide sobre derechos de naturaleza económica-patrimonial es el de la racionalidad, y de ordinario los tribunales no van a interferir con la determinación hecha por las otras ramas de gobierno.

Lo que precisamente hace de la presente controversia una con el potencial de crear una “crisis constitucional” - como sugirió la Presidenta de la Asociación de la Judicatura La Hon. Juez Elizabeth Linares - es que pone a la Rama Judicial en la incomodísima posición de tener que atender una controversia en la cual ella es parte interesada. Hay que reconocer de que en pasado los tribunales han atendido y resuelto casos en las cuales el propio tribunal a través de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) ha sido parte. El desdoblamiento entre la función eminentemente judicial y la función administrativa del aparato judicial obliga a este desarrollo. La situación de ahora, sin embargo, es marcadamente más delicada, toda vez que cada uno de los jueces llamados en su día a intervenir en el proceso tendrá un interés patrimonial personal en su resultado. Claro, ¿si no el tribunal, quién está llamado a resolver la controversia? La necesidad se impone.

Todo lo cual nos lleva a los límites del Derecho y al campo de la Política. El caso del sistema de retiro de la judicatura es sin duda uno legal, que puede y debe ser atendido en toda su especificidad como cualquier otro caso ante los tribunales. Esto no debe, sin embargo, cegarnos al contexto mas amplio en el cual la controversia se traba: la legitimidad política de nuestras instituciones de gobierno en estos tiempos de cólera.

©Derechos Reservados

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