La pérdida de credibilidad


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Las recientes decisiones tomadas por la Rama Ejecutiva y Legislativa apuntan a una acelerada erosión de la capacidad política del Gobierno de Puerto Rico. Las expresiones contradictorias del Gobernador García Padilla a lo largo del último año sobre la injerencia de las casas acreditadoras sobre los bonos de Puerto Rico y su ya consumada degradación; la torpeza legislativa al conformar un presupuesto anual para el 2013-14 aumentándole en sobre $800 millones de dólares, para luego reconocer que es necesario reducirlo por suma similar; la imposición desmedida de impuestos en todos los renglones de la actividad económica del país contribuyendo con ello a su continuo retraimiento; la improvisación legislativa sobre el retiro de empleados públicos, los maestros y la judicatura; la manifiesta insolvencia de las corporaciones públicas… La lista es tristemente interminable. Un común denominador a esta crisis de gobierno, a mi juicio, es la pérdida de credibilidad en sus pronunciamientos y sus actuaciones.

Tan solo basta con hablar con cualquier persona para darse cuenta de la desesperanza y desconfianza que permea toda la ciudadanía, no obstante los estribillos de optimismo a los cuales no quiere acostumbrar el gobierno. Me imagino que si estuviéramos en un sistema político parlamentario este gobierno ya hubiera caído por falta de confianza.

No es la primera vez – y no será la última - que el gobierno de turno no goza del apoyo de la mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, la situación económica, social y política por la cual atravesamos es notablemente distinta y es evidente que no se puede continuar como de costumbre. Sin embargo, todo apunta a lo contrario. A modo de ejemplo, la duplicidad del gobernador García Padilla con referencia al retiro de los maestros y su ocultación de la existencia de un proyecto de ley durante las conversaciones previas a la presentación de la legislación el diciembre pasado, y el manejo desleal y torpe de la legislación del retiro de la judicatura (como pone de manifiesto la opinión reciente del Tribunal Supremo declarando su constitucionalidad en su aplicación prospectiva) son emblemáticas de una clase política que ha optado por sacrificar su credibilidad y legitimidad política por obtener ventajas inmediatas que lo mantegan a un paso al frente del tsunami que nos viene encima.

La discusión legislativa sobre una nueva emisión de bonos para refinanciar la deuda pública bajo términos y condiciones leoninos para ganar tiempo, a la misma vez que dilatan con tácticas parlamentarias y alegados diálogos multisectoriales la aprobación de diversas iniciativas legislativas que son urgentes para enfrentar la crisis que se ahonda, subraya de que estamos ante un verdadero colapso de la cosa pública. La pregunta decisiva que tenemos que hacernos es si le creemos a los portavoces del gobierno, y si tenemos confianza en su toma de decisiones.

Como ciudadano estoy consciente de que la administración pública es un asunto complejo, que hay múltiples intereses que conciliar, y en ocasiones frustrar. Reconozco además que habrá decisiones de gobierno y legislación con las cuales no estaré de acuerdo, y que ningún actor en el escenario público es poseedor de la verdad absoluta. Todo esto es parte integral del proceso político democrático. Si espero, sin embargo, que los custodios de la cosa pública sean honestos, capaces, juiciosos y comprometidos con adelantar el bien para el mayor número de personas, aun cuando podamos diferir sobre cuál es ese bien. Si algo nos recuerda los últimos catorce meses de gobierno es que el camino al infierno también puede estar pavimentado con dudosas intenciones.

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