Hay que detener tanta irresponsabilidad


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La semana pasada fue una en la que quedó evidenciada una vez más la falta de juicio, la incapacidad, insensibilidad y politiquería del gobernador Alejandro Garcia Padilla.

El lunes nos despertó la noticia de que el presente gobierno había encontrado un sobrante de $400 millones de una emisión de la deuda incurrida de $3,500 millones el pasado mes de marzo, mas parte del dinero que esperan vender entre febrero y marzo de este año (a interés de usura) que el gobernador comunicó que utilizaría para asignárselos a las comunidades especiales. La indignación ante tal noticia se apoderó de un gran número de nuestros conciudadanos ante lo que consideramos una barbaridad, una gran afrenta, un mal uso de fondos públicos y un acto de irresponsabilidad y grave politiquería.

A fines de noviembre pasado el gobernador fue a la televisión con un mensaje para informarnos que había que aprobar de emergencia “la crudita” porque al día siguiente no habría dinero para la transportación ni para solventar el BGF. ¡Mentiras! Ahora aparece un sobrante que lo quiere usar para politiquería. Para repartirlo entre contratistas populares para luego recibir de ellos donativos para la campaña electoral. Este sobrante debiera utilizarse para solventar los Sistemas de Retiro de Maestros y del ELA que están a ley de la insolvencia total ya que este gobierno no ha hecho la aportación que se comprometió a hacerles. Podemos ver ahora como nos han endeudado con más de 80 medidas impositivas para tener dinero para repartir durante la próxima campaña electoral.

El martes tuvimos la presencia de una delegación de la Republica Dominicana capitaneada por su Presidente Danilo Medina para firmar conjuntamente un acuerdo colaborativo en áreas tales como comercio, seguridad y educación entre otras. El tratado en sí no es nada nuevo ni trascendental, pues gran parte de las acciones contempladas en los acuerdos llevan años implantándose por mecanismos y acuerdos individuales producto de los tratados de los Estados Unidos con la Republica Dominicana.

Por más de seis décadas ciudadanos dominicanos han estudiado en la UPR y obtenido grados en ingeniería, salud pública, administración pública etc. Ejemplo de ello es el caso de Monseñor Agripino Núñez quien fue Rector de la Universidad Madre y Maestra, con quien la UPR tiene convenio desde tiempos inmemoriales. Monseñor Núñez tiene el grado de Maestría en Administración Publica del Recinto de Rio Piedras de la UPR.

La UPR también ha tenido convenio con la Universidad Nacional. Lo novel del presente acuerdo es que a los estudiantes dominicanos se les cobraría el mismo costo de matrícula que a los estudiantes Puertorriqueños y que se asignaría por la UPR una cantidad de $250,000 a un fondo para becar estudiantes dominicanos. Esto en un momento en que la UPR tiene un déficit proyectado para este año de más de $100 millones y los estudiantes locales enfrentan un posible aumento en el costo actual de matrícula.

Podríamos descartar este acto protocolario como un desesperado show mediático de jugar a la república -sin mayor trascendencia- si no fuera por el peligroso atentado por parte del Gobernador contra nuestra constitución y democracia al comprometerse a legislar para que puedan votar inmigrantes indocumentados en procesos eleccionarios Puertorriqueños.

Es lamentable que el Gobernador con el subterfugio de ser justos y benévolos pretenda utilizar para fines politiqueros a los hermanos dominicanos quienes en un momento dado, buscando la seguridad y progreso vinieron a la isla para labrarse un mejor futuro. Los hermanos dominicanos que han pasado por el proceso de hacerse residentes legales de la isla y obtener la ciudadanía americana, deben entender esta acción del Gobernador es un vulgar, desesperado intento por prevalecer electoralmente a como dé lugar. A los amigos dominicanos y otros inmigrantes que están en Puerto Rico sin haber obtenido su permiso de residencia o la ciudadanía americana lo que hay que hacer es ayudarles en esos procesos para que puedan votar en igualdad de condiciones que los demás y no permitir que se les cataloguen en forma diferente.

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