Junta de Control Financiero, la opción inmediata.


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Junta de Control Financiero, la opción inmediata.

Tenemos un gobierno donde la ineptitud y la improvisación son la orden del día. La Cámara de Representantes aprobó el pasado jueves en votación de 26 a 24 el proyecto de ley que aumenta la parte estatal del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) de siete por ciento a 10 por ciento, para un total de 11.50 por ciento al añadírsele la parte municipal de 1.5 por ciento. El proyecto propone un período de transición de nueve meses a partir del 1ro de julio hacia un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Los legisladores “disidentes” Luis Raúl Torres, Ángel Matos, Luis Vega Ramos y Luisa "Piti" Gándara, que hace varias semanas habían votado en contra del proyecto original del gobernador, amenazaron con votarle nuevamente en contra al proyecto si no se incluían otras opciones además de la transición al IVA.

Después de muchos pujos y pulseo, finalmente los disidentes votaron a favor del proyecto luego de que la Cámara accedió proponer un mecanismo de evaluación que consistiría en la creación de una Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al Consumo (CATIC). Esta evaluaría distintos modelos tributarios, incluyendo el arbitrio general, y rendiría un informe en el cual se establezcan recomendaciones sobre la viabilidad de implementar algún otro modelo como transformación al sistema actual del impuesto al consumo. O sea, que votaron a favor porque se creó una comisión que no se sabe en última instancia lo que recomendará. Pero ya el Gobernador la inutilizó al manifestar que es hacia el IVA que se evolucionará. Los cogió de tontejos.

Pero en el proceso de pulseo se introdujo enmiendas -mediante procesos turbios - para incluir en la tributación a casi todos los alimentos procesados refrigerados, enlatados y los congelados que supuestamente no iban a tributar. Así lo aprobaron y enviaron para el Senado.

Ante la enorme presión de distintos grupos empresariales, el Senado sacó a estos alimentos de la tributación y aprobó el proyecto de la Cámara. Lo devolvió a la Cámara y esta lo aprobó enviándolo a la firma del gobernador. Esto es legislar a lo loco, siguiendo criterios politiqueros a base de quien más llora, presiona o puja y no a base de la necesidad y la razón. Ya lo había advertido Tatito Hernandez: que el aumento al IVU fue “el acuerdo al que pudimos llegar” y que no estuvo basado en análisis económicos ni gubernamentales.

Así las cosas, ahora tenemos un parcho de legislación que no habrá de obtener los recaudos que se necesitan para lograr un presupuesto balanceado y creíble como advirtió hace varias semanas el Secretario de Tesoro Lew que era necesario. La pregunta que se cae de la mata es: ¿Y qué ocurre si no es así??

El gobierno de Puerto Rico ha presentado un informe financiero trimestral que advierte que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) próximamente perderá liquidez, que el año 2015 cerrará con un déficit de $650 millones, que el presupuesto de 2016 no estará balanceado ni tampoco los subsiguientes y que el gobierno en el 2016 no podrá pagar su deuda.

Mientras esto ocurre Moody’s degradó aún más la deuda de PR. Esta última responde a la alta posibilidad de que a partir de agosto el BGF no cuente con liquidez y ni la posibilidad de poder acceder al mercado. Ante este evento Melba Acosta señala que “esto hace todo más difícil”. O sea, que aparentemente no es viable ahora ir al mercado a tomar prestado para solventar fiscalmente la Autoridad de Carreteras y el BGF después de la aprobación de las cruditas que para eso supuestamente fue que nos las espetaron.

Mientras tanto la reunión/cena de AGP en la Fortaleza con un grupo de Congresistas capitaneados por el Republicano Robert Goodlatte para tratar de llevar a votación en el Congreso el proyecto 870 para acoger a Puerto Rico al capítulo 9 de la ley de quiebra federal, parece no haber resultado en nada concreto.

Ante este cuadro de insolvencia, posible impago, quiebra, la falta de poderes del territorio, la falta de recursos, de herramientas y ante la probada incapacidad del actual gobierno para lograr un plan de desarrollo económico y social producto de un concierto de los partidos y sectores ideologicos, la opción inmediata que le queda a Puerto Rico es solicitarle al Congreso establecer una Junta de Control Financiero como lo hizo en el 1995 para Washington D.C. Esto como preámbulo a la igualdad que se obtendría mediante la estadidad.

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