El ELA colapsó


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El ELA soberano y la republica asociada

El ELA colapsó, y ya no hay como definirlo y menos cómo defenderlo, al punto que nadie representó el estatus quo colonial en las recientes Vistas del Congreso.

En dichas vistas el Comisionado Residente Pedro Pierluisi defendió el HR 727 “Puerto Rico Statehood Admission Process Act” que representa el reclamo del territorio para que se resuelva finalmente su estatus. Sostuvo que "la única posición moralmente aceptable", es que los electores de Puerto Rico ratifiquen o rechacen que PR sea el estado 51 de Estados Unidos.

Por su parte, el Presidente del PPD ni asistió, ni remitió cual definición de estatus su partido propondría oficialmente para Puerto Rico. En su ausencia, Carmen Yulín Cruz-Soto abogó por un “Free Associated State” (ELA soberano o república asociada) mediante un “pacto de asociación” que determine los “poderes que la Isla delegaría a EEUU”, proposición que no es compatible con la Constitución Americana, porque la “libre asociación es un “tipo de independencia”.

En su testimonio, la Alcaldesa Cruz-Soto propuso una “asociación política, no colonial ni Territorial entre Puerto Rico y Estados Unidos en la que “los EEUU sería un país extranjero”. Aunque rechazan a Estados Unidos como nuestra nación, evaden mencionar el término “república asociada” porque saben que el pueblo no quiere la independencia.

Recuerden que mientras Cruz-Soto reconoce que la mayoría de los puertorriqueños desea retener su ciudadanía, ha dicho públicamente que “la ciudadanía americana es la gran muleta bajo este sistema político-económico”.

Por razones puramente electoreras, no quieren cumplir con la responsabilidad de definirse y someter el lenguaje al Departamento de Justicia federal para que determine si cumple con los requisitos legales, constitucionales y de política pública aplicables. No lo hacen porque saben que el ELA Soberano no cumpliría con dichos requisitos y sería rechazado.

Dentro del imaginario del PPD, “Puerto Rico es una nación” y su verdadera agenda es convertir la Isla en una república independiente tras el palio del llamado ELA soberano. Proponen “un ELA soberano fuera de los poderes del Congreso y de la Clausula Territorial” una nación independiente con representación internacional, control de asuntos laborales, de comunicaciones y de inmigración. Quieren poder suscribir tratados internacionales, controlar límites marítimos, redefinir uso de instalaciones militares americanas, control de los puertos, controlar asuntos ambientales, y hasta redefinir la ayuda que recibe Puerto Rico en casos de desastres naturales, entre otros.

Quieren además, eliminar el Tribunal Federal, la Agencia de Protección Ambiental, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Guardia Costanera, y muchas otras agencias y programas que le sirven bien al Pueblo de Puerto Rico.

No obstante, omiten que para conseguir la libre asociación que desean, tendrían que lograr que el Pueblo de Puerto Rico rechace la “unión permanente” y se conviertan en un país independiente, antes de que Estados Unidos consideren un “pacto” con la nueva república. Además, “sustituir la Ley de Relaciones Federales para que no pueda ser modificada unilateralmente”; violaría la Constitución y la soberanía de los Estados Unidos.

Por tanto, “un pacto de libre asociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos podría ser unilateralmente revocado por cualquiera de las partes en cualquier momento. Queda demostrado fuera de toda duda que la República Asociada que ambicionan no tiene cabida alguna bajo la Constitución Americana.

Mucho más importante, el Pueblo de Puerto Rico ha expresado contundentemente que no quiere arriesgar su ciudadanía y la de las futuras generaciones, las garantías constitucionales, los derechos individuales, las libertades civiles, el progreso, la prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo de los puertorriqueños y otros ciudadanos americanos que residen en la Isla. Tampoco, quiere arriesgar la protección de la Constitución y la Carta de Derechos de los Estados Unidos y las garantías y protección de la Corte Federal y del Tribunal Supremo.

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