Otra vez


La Asamblea Constitucional de status…otra vez

El 15 de julio de 2015 un grupo de personas compuesto de representantes de diversos sectores políticos se unieron para crear el autodenominado “Frente Amplio pro Asamblea Constitucional de Estatus”, con miras a darle nuevo impulso a este mecanismo para atender el urgente problema de nuestra subordinación política. Qué tan amplio es este frente está por verse. No obstante, concuerdo con que es necesario atender urgentemente nuestro problema de status. El manifiesto colapso económico del Estado Libre Asociado – de ese ogro filantrópico, para usar la frase de Octavio Paz – y el acelerado empobrecimiento de toda la población, nos obliga atender los problemas estructurales de nuestra relación política con los Estados Unidos. De mi parte, estoy convencido que solamente si resolvemos el problema del status y superamos nuestra falta de representación política en el Congreso de los Estados Unidos es posible empezar a atender consecuentemente nuestra crisis económica.

No creo que la Asamblea Constitucional de status, sin embargo, sea el mecanismo para lograr ese fin. En términos sustantivos una convocatoria a estos fines persigue depositar de jure la voluntad del Pueblo de Puerto Rico en un cuerpo deliberativo a espaldas de la Ley de Relaciones Federales, la Ley 600 y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Basta con hacer una lectura del primer artículo de los diversos proyectos de ley que languidecen desde agosto de 2013 en la Asamblea Legislativa. Todos estos proyectos disponen que la soberanía del Pueblo de Puerto Rico estará depositada en esta Asamblea, y – en el proyecto del PIP – no estará sujeta a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Hay que subrayar que aún los promotores de una Asamblea Constitucional de status reconocen la necesidad de ir nuevamente al Congreso de los Estados Unidos con la determinación de la asamblea, refrendada por los electores, para obtener un cambio de status político. Esto es un reconocimiento jurídico y práctico de que no importa cuántas asambleas se convoquen y celebren, la soberanía política de Puerto Rico reside en última instancia en el Congreso de los Estados Unidos. En este sentido, desde una perspectiva exclusivamente política, no veo cómo una Asamblea Constitucional de status adelanta la solución al problema mejor que un plebiscito bajo auspicio del Congreso de los Estados Unidos, como se contempla en la asignación presupuestaria en el Consolidated Appropiations Act de 2014.

Por otro lado, pretender distinguir la Asamblea Constitucional de status o Asamblea de Pueblo (como sugiere el PIP), de una Asamblea Constituyente bajo el Artículo VII de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para así circunvalar las restricciones que impone dicho artículo, ignora que la propia convocatoria supone un ejercicio del poder constitucional de la Asamblea Legislativa. No se nos debe escapar la deliciosa ironía que la creación de una Asamblea Constitucional de status se haría por legislación de una Asamblea Legislativa cuya legalidad y legitimidad dimana del poder delegado por el Pueblo en el Artículo III de nuestra Constitución. Delegata potestas non potest delegari, nos recuerda la máxima latina. Bajo el modelo sugerido por los promotores de la Asamblea Constitucional de status, el cuerpo deliberativo electo a esos fines quedaría investido con la autoridad legal suficiente para atender la controversia decisiva de nuestra historia, y de la cual dimana cualquier ordenamiento constitucional. La impugnación judicial a tal propuesta no es difícil de anticipar. La distinción entre la Asamblea Constitucional de status de una Asamblea Constituyente – aparte de fraccionar un tanto místicamente la voluntad del Pueblo - es la distinción entre un perro y un can.

De igual manera, en su aspecto procesal la Asamblea Constitucional de status no ofrece una solución a nuestro problema de indefinición. Suponiendo para fines argumentativos que se eligieran los diputados a dicha asamblea, ¿quiénes serían sus integrantes, cómo se elegirían? Todo apunta a que los mismos miembros de nuestra clase política que han sido incapaces de articular un mecanismo efectivo para atender el problema serían los candidatos a tal asamblea. En todo caso, la Asamblea Constitucional de status reproduciría en sus deliberaciones las mismas discusiones y divisiones que nos han ocupado por los últimos 115 años. ¿Por qué pensar que en una Asamblea de esta naturaleza se va a producir algo distinto a lo que vivimos todos los días en la Asamblea Legislativa? Al final del día llegaríamos a donde siempre hemos llegado: a un referéndum sobre las distintas alternativas de status. Como bien demostró el referéndum del 6 de noviembre de 2012, el elector puertorriqueño entiende muy bien lo que está en juego. Una Asamblea Constitucional de status no es más que un subterfugio legalista ideado por grupos minoritarios que no tienen apoyo electoral, por intentar controlar el texto y timonear la opinión pública a donde evidentemente no quiere ir.

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